Blog del Arco Atlántico

¿Se puede decir que España es una democracia?

España, una democracia muy limitada

“Todo está atado y bien atado” dijo el dictador pocos meses antes de morir.

El Referéndum del miércoles 15 de diciembre de 1976, por el cual se pedía a los españoles el refrendo de la “Ley para la Reforma Política”, que procuraba la substitución del antiguo Régimen por una monarquía parlamentaria y democrática, con un apoyo del 94% de los votantes (que eran el 78% del censo) parecía desmentirle.

No obstante ciertos “tics” franquistas de la nueva democracia hacen pensar que, si no todo, sí que algo antidemocrático había quedado atado o condicionado.

En primer lugar, la guerra fratricida había usurpado al pueblo español una República parlamentaria y el nuevo cambio nos devolvía una monarquía, mitad instauración franquista (así lo decidía la ley de sucesión franquista), mitad restauración monárquica (Don Juan abdicó en su hijo Juan Carlos, el actual monarca).

En segundo lugar, entre enero y abril de 1977 se aprueban los distintos partidos políticos. No obstante Manuel Fraga y su Alianza Popular, así como un grupo de altos militares franquistas se oponen a la legalización del PCE, a pesar de que en estas fechas, año 1977, el PCE era víctima, y no verdugo, de los asesinos de extrema derecha en la matanza de la calle Atocha, 54, con intervención de un neofascista español vinculado a FE y de la Jons (partido actualmente legalizado) y de un neofascista italiano vinculado a la CIA de USA:

(http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_Atocha_de_1977)

En mayo de 1977 se disuelven las Cortes (las últimas del antiguo Régimen) y se convocan elecciones generales constituyentes del nuevo Régimen para el 15 de junio (gano la UCD de Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento con Franco, aunque de aparente sincera decisión de apertura y cambio, con un 34,72% de votos, seguida del PSOE de Felipe González con un 29,25%, PCE de Santiago Carrillo con un 9,4% y AP, hoy PP, de Manuel Fraga con un 8%). Una vez constituidas las nuevas Cortes, se procedió a crear la “Ponencia Constitucional” a la que se le encargó la redacción de una nueva Constitución democrática, Constitución de corte democrático occidental. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Igualmente, su Artículo 35.1, declara: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".

En tercer lugar esta libertad, justicia, igualdad, pluralismo político y derecho al trabajo, que propugna la Constitución, resultan muy relativas en la práctica. Libertad entendida como liberalismo económico salvaje, sí; pero libertad de expresión, de elección de trabajo,... depende de quien y de qué. Justicia e igualdad también muy relativas, por no decir inexistentes: ¿Por qué no se aplican las mismas medidas restrictivas que se aplican a trabajadores y pensionistas a los políticos, empresarios y banqueros? ¿Qué derecho a trabajar tienen los más de cuatro millones y medio de parados, un trabajo elegido y remunerado lo suficiente que le permita satisfacer sus necesidades y las de su familia? ¿Se puede llamar democracia a una sociedad en la que no se cumplen los principios esenciales de su Constitución democrática?

No, no podemos decir que democracia es tener la posibilidad de votar a nuestros representantes en los diversos poderes legislativos una vez cada cuatro años. ¿Acaso España es una democracia un solo día cada cuatro años? Porque hoy elegimos a nuestros representantes, pero mañana ya no nos representan ni trabajan velando por nuestros intereses, ni siquiera por nuestras necesidades. Desde el día siguiente de las elecciones representan y obedecen, no a quienes les han votado y concedido el escaño, sino a los mercados, a los poderes económicos, fácticos y políticos, por este orden, aunque los intereses de estos poderes sean diametralmente opuestos a nuestros intereses y necesidades.

En junio de 2002 el gobierno del Sr. Aznar, del PP, el gobierno más autoritario (gracias a su mayoría absoluta) de todos los habidos desde la transición democrática, propuso una nueva “ley de Partidos” que iba a sustituir la ley de partidos de 1978. Una ley de partidos que incumple claramente la Constitución por cuanto no respeta el principio del pluralismo político y la libertad de creación de partidos políticos y de participación democrática de los mismos, una ley creada ex profeso para impedir a un partido político, Batasuna, su legalidad y su participación. Una ley que, no obstante la mayoría absoluta del PP, fue aprobada por la sumisión dócil de un PSOE de Zapatero (pretendía, ingenuamente, que el PP una vez que estuviera en su oposición le respetara tanto como él y su partido habían hecho en la posición inversa), CIU, Coalición Canaria y Partido Andalucista e incluso IU, aunque ésta por error de Llamazares al votar. La razón: Decían, sin razón ni fundamento, que Batasuna y ETA era la misma cosa (como si dijéramos que PP y la Falange franquista fueran la misma cosa). Igualmente exigen a la Izquierda Abertzale que, caso de querer legalizar un Partido político, tiene que condenar la violencia de ETA. La misma ley, aplicada con el mismo criterio, ilegalizaría al propio Partido que la propuso que, por cierto, se caracteriza por ser muy poco democrático y beneficiarse del sistema supuestamente democrático: Efectivamente, el PP no sólo no ha condenado la violencia y muertes del franquismo, ni las muertes ocasionadas por la invasión y agresión a Irak (no fue una guerra declarada y la invasión no fue autorizada, y sí prohibida, por la ONU), sino que fue uno de los tres principales propiciadores, uno de los “tres de las Azores” (Bush, Blair y Aznar).

Este mismo mes, febrero de 2011, la izquierda abertzale presenta un nuevo partido, Sortu (nacer, surgir), cuyos estatutos cumplen escrupulosamente, las exigencias impuestas ex profeso, rechazando todas las violencias, con expresión concreta de la de ETA y después de que en Enero ETA hubiese presentado un comunicado de alto el fuego unilateral “permanente, general y verificable”. No obstante el registro no ha sido automático (la ilegalización debe de hacerse a las personas que incumplan la legalidad en el momento que la incumplan, pero nunca a priori), ni tan siquiera ha sido: el PP y muchas personas de otros partidos, incluso del PSOE, ponen en tela de juicio la veracidad de los estatutos, provocan diciendo que son los mismos de siempre, ETA, algunos exigen que haya un periodo de tiempo previo, ¿cinco años?, para demostrar sus palabras con hechos, pero sin ver la viga en su ojo (¿por qué no se exigen a si mismos condenar los crímenes del franquismo y de Irak? ¿Por qué no se exigen a si mismos pedir disculpas y restituir los daños posibles a sus víctimas?).

En España hay presos políticos sin delitos de sangre ni de ningún otro tipo, por su libertad de expresión o por haber estado en un lugar determinado en un momento determinado; curiosamente de una ideología determinada. Algunos guardias civiles siguen usando actitudes vejatorias o agresivas contra algunos detenidos por razón de ideología o de lengua, el juez Garzón ha sido retirado de la Audiencia por atreverse a declarase competente en la investigación de la memoria histórica, no para castigar a los violentos las violencias del franquismo, sino sólo para restituir la dignidad y reconocimiento a las víctimas; y por investigar el caso Gurtel que afecta a muchos miembros del PP. El juez Garzón denostado por los mismos que le adoraban cuando investigaba los casos del GAL.

Realmente, nuestro sistema más que una democracia sin adjetivos es una democracia partidista unilateral y muy incompleta que no alcanza a una gran mayoría, unos por política y otros por incapacidad de aplicación de los derechos que les reconoce la Constitución.

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Antoni Ramis Caldentey
Psicólogo humanista social

http://arc46.com

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Recibido, por correo electrónico, de tribuna humanista

De: execlub - tu comunidad
Para: grupo preferencial
Enviado: vie,7 enero, 2011 16:16
Asunto: la sorprendente y valiosa reflexión filosófica de María Lohman

María Lohman (SomosSur)
Enero 7th, 2011 on 3:16 pm edit
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SOBRE EL FALSO CONCEPTO “OBEDECER A QUIEN MANDA”

El concepto “obedecer a quien manda” es un concepto equivocado, en sentido de que ahí aparecería un sujeto, sea un líder o partido, que representa la “verdad revolucionaria” y el pueblo tiene que obedecer.

Ahora, si el que manda es el pueblo, según la clásica definición de democracia y las palabras de Evo horas antes de concluir el año, debería estar expresado siempre en un DEBATE DEMOCRATICO con diferentes posiciones (porque no existe un pueblo homogéneo), incluso con la posibilidad de oponerse a las medidas del poder establecido. Sin eso no hay DEMOCRACIA.

Pues, la democracia burguesa reduce el mandato popular a VOTAR cada 4 a 5 años, pero el concepto mas profundo de democracia, desde el punto de vista del movimiento popular es otro. En este sentido los acontecimientos de octubre del 2003 sí se podrían calificar como uno de los movimientos más democráticos de Bolivia, porque fue el PUEBLO que impuso su mandato de derrocar a un presidente que gobernaba contra la voluntad popular.

El concepto de obedecer a quien manda sólo sirve para las instituciones militares, y aún ahí hay que poner límites muy precisos, que no deben cumplirse órdenes contra los derechos humanos.

Pero dentro del Estado el concepto “obedecer a quien manda” es dictatorial, bonapartista o, en el mejor de los casos, de una democracia formal que practica la burguesía. Pero nunca tiene que ver con una democracia de contenido, donde el pueblo sea el que manda y no decretos inconsultos de un mandatario.

Desde el campo supuestamente “progresista”, “obedecer a quien manda” sería acatar las órdenes del líder que “representa” al pueblo y al “proceso de cambio”. Pero el pueblo, como ya dijimos, es diverso, y tiene su propio raciocinio y formas de manifestarse. Y el “proceso de cambio” no es propiedad registrada de ninguna persona ni partido, sino de ese pueblo diverso que se rebeló contra el modelo neoliberal durante muchos años y específicamente entre los años 2000 y 2005.

Es así que en un concepto más profundo de democracia, el pueblo es el que debe poder opinar, debatir y decidir las políticas fundamentales del Estado. Y esto no puede quedar reducido a una formalidad. Indudablemente el gobierno del MAS fue electo por una mayoría inédita en la historia de Bolivia. Pero esto no le quita sus derechos al pueblo llano, a los campesinos, indígenas, obreros y pobres urbanos, que fueron los que le dieron su voto casi unánime, a cuestionar políticas e incluso a cuestionar ciertos gobernantes si entienden que el mandato dado ha sido traicionado o tergiversado.

Nadie, ni persona dirigente, ni partido, se puede arrogar ser el dueño de la voluntad popular. El pueblo no firma cheques en blanco.

CUESTIONANDO EL DECRETO 0748

El decreto 748 no solo fue equivocado en la forma, sino en el contenido, porque atenta contra la nacionalización de nuestros hidrocarburos. Definitivamente responde a una inquietud de las transnacionales.

Semana antes de lanzar el DS 748, las transnacionales, reunidas en la CBHE, pidieron al gobierno un “incentivo” para poder invertir en exploración; Un incentivo mas para asegurar mayores ganancias.

Al respecto el periódico La Razon del 23 de diciembre publico una nota –“Inversión de privadas en exploración aguarda ley- con declaraciones del presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Carlos Delius:

“…para la participación privada en exploración se necesita la nueva ley (de hidrocarburos) y crear condiciones que permitan hacer atractiva nuevamente la exploración en Bolivia”.

“… la viabilización de los contratos de operación que expanden la producción hidrocarburífera a través de la aceleración de la toma de decisiones entre el Gobierno y las empresas petroleras privadas, así como la identificación precisa “de los roles” que cumplen ambos sectores.

“Lo que no queremos es otra traba más del Gobierno para que el sector pueda seguir trabajando”.

Amenazas abiertas a un país que en octubre de 2003 dijo BASTA a la imposición de las empresas transnacionales que saquearon el país; “paraíso” para los inversionistas extranjeros.

Lamentablemente el gobierno, antes de denunciar la imposición de estas nuevas condiciones políticas y económicas y antes de hacer cumplir los 44 contratos que EXIGEN planes anuales de inversión en exploración, decidió - en medio de un ambiente festivo de fin de año- imponer al pueblo boliviano un Decreto Supremo que “nivele” los precios internos de los combustibles al “mercado internacional”; es decir incrementando una vez más las ganancias de las 12 empresas petroleras que operan en el país (sobre todo Petrobras y REPSOL) que en la práctica siguen manejando toda la cadena productiva y de comercialización de los hidrocarburos, favoreciendo a su vez a unos 220 burócratas de YPFB que reciben mensualmente sueldos hasta 58.000 pesos.

Las consecuencias de la medida gubernamental se sintió inmediatamente en todos los rincones del país y la gente reacciono en medio de una gran confusión. Una reacción democrática que mostró la madurez política de nuestro pueblo, aunque no faltaban las infiltraciones de la derecha en el movimiento de protesta que fueron marginales.

Lo que no fue marginal fue el apoyo incondicional al DS 0748 de la Cámara “Boliviana” de Hidrocarburos y de otros sectores privados.

La madurez de la conciencia popular se expresa en una idea simple: Los hidrocarburos son del pueblo boliviano y deben servir para apuntalar al desarrollo de Bolivia y no para “incentivar” a las transnacionales.

Hoy por hoy aplicar el 748 “de a poco” es como darnos el veneno “de a poco”. Siempre será nefasto para Bolivia llevar el precio de los hidrocarburos donde reina la especulación mundial de las petroleras transnacionales.
Lo que hace falta es concretar la verdadera nacionalización, con YPFB, con funcionarios capaces y verdadero control popular en base a información veraz; produciendo gas, gasolina, diesel y otros derivados, para utilizarlos en primer lugar para el desarrollo de Bolivia. Este fue el mandato del pueblo del 2003, reiterado en diciembre del 2010.
Finalmente, cualquier reflexión filosófica sobre “..obedecer a quien manda” distrae la atención y hace coro a la campaña para reposicionar el DS 0748.

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