Blog del Arco Atlántico

Posiblemente ahora hay más violencia en los centros docentes que hace unas décadas o, al menos, así se percibe. Tal vez porque hay más alumnos que estudian durante más tiempo, por fortuna para ellos y para la sociedad, y porque los cambios sociales se producen ahora de forma vertiginosa, de manera que tienden a difuminarse los referentes morales. No se vislumbra en el futuro un cambio de esta situación. Más bien da la impresión de que estas tendencias, lejos de detenerse, se van a incrementar, por lo que no debe extrañarnos que las dificultades vayan en aumento. ¿Qué hacer, entonces?

Conviene, antes de plantear algunas líneas de actuación, pensar brevemente sobre los alumnos violentos. Los estudios realizados apuntan su escasa autoestima, sus dificultades en las relaciones sociales y en la empatía con los otros, su falta de comprensión y control de la conducta y su desvinculación de los objetivos escolares. La descripción de estos alumnos se mueve habitualmente entre dos polos: son alumnos que hacen daño, a veces demasiado daño, pero también son alumnos que sufren. El énfasis en uno o en otro polo orienta las preferencias en las iniciativas educativas: el castigo y la sanción frente a la ayuda pedagógica y psicológica. Ambas, sin duda, deben combinarse con el objetivo de lograr, en la medida de lo posible, la recuperación del alumno para proseguir su formación.

Existen diversas estrategias que pueden reducir la violencia en las escuelas: favorecer la participación de los alumnos, avanzar en la capacidad de decisión de los centros -con la supervisión de la comunidad escolar y de la Administración educativa-, impulsar la cooperación de las familias, trabajar por un mayor compromiso social con la educación y fortalecer la profesión docente. Esta última es la que considero fundamental para mejorar la enseñanza y la que puede otorgar coherencia y dinamismo al resto de las iniciativas.

El fortalecimiento de la labor de maestros y profesores supone una acción en varios ámbitos interrelacionados: mejorar sus competencias profesionales y su preparación, cuidar su equilibrio emocional, situar la profesión docente en la dimensión moral que le corresponde y velar por el prestigio de la profesión.

La gestión adecuada de los comportamientos disruptivos o violentos de determinados alumnos es una dura exigencia para los profesores y les obliga a disponer de diferentes competencias y habilidades: mantener la autoridad, demostrar seguridad y confianza, dialogar, negociar, comprender, exigir. Hace falta formación suficiente y un carácter firme y equilibrado para lograrlo.

La acción educadora exige una estrecha y confiada relación personal entre el profesor y los alumnos. El mérito de la actividad docente es que este vínculo impuesto se convierta en una relación constructiva, en la que la confianza, el afecto y el respeto mutuo sean sus elementos constitutivos. Para ello es imprescindible que el profesor cuide su dimensión emocional, un cuidado del que deberían también ser responsables las Administraciones educativas.

El profesor debe mantener el buen ánimo, la sensibilidad por la formación de sus alumnos y la preocupación por ellos a pesar del desgaste que tanto esfuerzo personal supone. ¿Cómo se logra? En gran medida por el convencimiento de que enseñar a los otros es una tarea que merece la pena, que conecta con lo más noble del ser humano y sitúa a los profesores en el lugar adecuado para promover el bienestar de las nuevas generaciones. De alguna manera esa intuición desvela el carácter moral de la profesión docente y la necesidad de descubrir su valor y su sentido para ejercerla con rigor y vivirla con satisfacción. La consideración del trabajo docente como una profesión moral adquiere desde esta perspectiva toda su fuerza motivadora y permite comprender cómo el olvido o la falta de cuidado de esta dimensión conduce a la "desmoralización" de los docentes.

Además, los profesores deberían sentir que forman parte de una profesión respetada y valorada ya que gran parte de la identidad profesional depende de la consideración social percibida. El sentimiento de pertenencia a una colectividad contribuye a la autoestima. Por ello, las Administraciones educativas tendrían que contribuir a que los profesores se sientan orgullosos de ser profesores. No es una tarea sencilla si tenemos en cuenta que la mayoría de los profesores considera que ni la sociedad ni la propia administración educativa los valora.

Una encuesta reciente realizada por la Fundación SM constató que el 81% de los profesores creen que la sociedad no los valora y el 67% opina lo mismo de su Administración educativa.

La tarea de reforzar la identidad profesional de los docentes conduciría a que las administraciones educativas defendieran el establecimiento de una carrera profesional incentivadora y exigente. Pero también deberían apoyar las distintas formas de representación colectiva de los profesores. Entre ellas, además de los sindicatos y de las asociaciones de profesores, podría tener su lugar un Consejo General de la Profesión Docente que fuera un referente ante la sociedad por sus iniciativas para mejorar la situación del profesorado y la calidad de la enseñanza.

No sería justo atribuir a los profesores la responsabilidad exclusiva de su acción educadora. De nuevo hay que insistir en que la capacidad de los profesores para enseñar adecuadamente a todos sus alumnos, crear un clima de convivencia y reducir los comportamientos violentos tiene mucho que ver con las condiciones en las que se enseña, con los apoyos disponibles, con el número de alumnos con dificultades de aprendizaje que hay en cada aula, con el ambiente sociocultural de los centros, con la cooperación de las familias y con el apoyo social recibido. El compromiso de los profesores depende en gran medida del compromiso de la sociedad con la educación y ambos se apoyan mutuamente para lograr una enseñanza mejor.

Alvaro Marchesi es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid